Por: Diego Carvajal, CEO de LawUp Abogados
La creación del FES representa un avance clave para desinflar la burbuja educativa que, durante años, ha permitido a las universidades privadas elevar los aranceles sin una mejora proporcional en la calidad. Bajo el CAE, los créditos estaban garantizados por el Estado, incentivando a las universidades a aumentar sus precios sin asumir el riesgo. El FES, al vincular los pagos de los egresados a sus ingresos, introduce un modelo más progresivo y equitativo, permitiendo que aquellos con menores ingresos no se vean atrapados en deudas insostenibles.
Un egresado que, bajo el CAE, se enfrentaba a pagos fijos y desproporcionados, ahora pagará una cuota basada en sus ingresos reales, adaptada a su capacidad económica. Este cambio reduce el riesgo de que los egresados con bajos salarios queden atrapados en un ciclo de deuda, otorgando mayor flexibilidad para quienes se inician en el mercado laboral.
Sin embargo, este avance no soluciona completamente el problema de fondo: los aranceles elevados y la falta de regulación sobre su crecimiento. Las universidades todavía tienen margen para seguir aumentando los costos, lo que podría mantener la tendencia inflacionaria si no se establecen controles más estrictos. Para evitar que el sistema educativo siga inflando los costos, es crucial garantizar que las universidades ajusten sus precios a la realidad económica y a la calidad de la educación ofrecida.
Un aspecto fundamental que no se puede pasar por alto es la necesidad de asegurar la trazabilidad en la inversión de los recursos públicos. El Estado debe asegurarse de que los fondos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente, garantizando un retorno tangible en términos de calidad educativa. Sin una clara supervisión sobre cómo se invierten estos recursos, corremos el riesgo de perpetuar un sistema que sigue beneficiando a las instituciones más que a los estudiantes.
Desde una perspectiva fiscal, el FES mitiga el riesgo inmediato de sobreendeudamiento, pero el desafío a largo plazo persiste. Si muchos egresados no logran pagar sus deudas en el plazo establecido, el Estado podría verse obligado a absorber grandes pérdidas, lo que afectaría áreas críticas como salud e infraestructura. Por tanto, garantizar la eficiencia del gasto público en este contexto es fundamental para evitar impactos financieros negativos a largo plazo.
En resumen, el FES es un avance necesario para controlar la burbuja educativa, pero su éxito dependerá de las medidas adicionales que se tomen para regular los aranceles y mejorar la calidad educativa. La trazabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos será clave para asegurar que el sistema sea sostenible, beneficiando tanto a los estudiantes como a la economía del país.
