Asimismo, la propuesta de reforma constitucional señala que una autoridad en ejercicio deberá cesar del cargo desde que se certifique la sentencia condenatoria y se encuentre ejecutoriada.
La diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, presentó un proyecto de Reforma Constitucional que busca “inhabilitar para desempeñar un cargo o función pública, a aquellos que hubiesen sido condenados por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad”.
En ese mismo sentido, la iniciativa además señala que “cesará en el cargo el funcionario que se encuentren en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. No obstará a estas sanciones el que el cargo sea de elección popular.”
La parlamentaria justificó su proyecto manifestando que “es necesaria una modernización de las estructuras organizacionales del Estado, transparentando y publicitando las actuaciones de los entes públicos, adoptando mecanismo de prevención de delitos, perfeccionando los controles ex ante, y facilitando a los administrados el acceso a la información”.
“Muchas veces hemos escuchado frases como “hablé con un amigo para facilitar un trámite o para conseguir una situación favorable y esas conductas no debemos normalizarlas, al contrario, debemos fomentar la denuncia, de manera responsable y con el debido respeto de todas las garantías”, finalizó la legisladora Carla Morales.
