La investigación tiene como origen 12 denuncias ciudadanas vinculadas a la contaminación de un canal de regadío cercano al plantel de cerdos, con aguas residuales que provendrían del proyecto. Esto habría generado la disminución de la calidad del agua de riego utilizada por agricultores del sector y la emanación de malos olores principalmente.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio con la formulación de dos cargos contra la empresa Agrícola Santa Lucía Limitada, titular del proyecto “Agrícola Santa Lucía - Plantel Palmilla”-ubicado en la comuna de Palmilla, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins-, luego de constatar incumplimientos de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental (RCA) aplicables al proyecto.
El proyecto aprobado ambientalmente contempla la operación de planteles de gestación, maternidad, recría y engorda de cerdos, denominados conjuntamente como “Unidad Santa Matilde”, con capacidad para albergar 46.400 cerdos en diferentes etapas de desarrollo y condición fisiológica, con una producción anual aproximada de 90.000 cerdos.
La operación del proyecto genera purines como principal residuo de la crianza intensiva de cerdos, junto con emisiones de olor asociadas al manejo y tratamiento de dichos residuos. El sistema de tratamiento de purines se encuentra conformado por un biodigestor anaeróbico, al cual se conducen los purines desde los pabellones productivos mediante una red de tuberías. Producto de dicho tratamiento se obtiene digestato, el que es utilizado como fertilizante en suelos agrícolas bajo criterios agronómicos.
Finalmente, el proyecto contempla un Programa de Monitoreo Ambiental, enfocado al control de parámetros en suelo, aguas subterráneas y efluentes a utilizar para riego, así como un Programa de Contingencias y Emergencias.
Esta investigación tiene como origen 12 denuncias ciudadanas, las cuales están vinculadas a la contaminación de un canal de regadío cercano a la unidad fiscalizable, con aguas residuales que provendrían desde el proyecto. Esto habría generado la disminución de la calidad del agua de riego utilizada por agricultores del sector y la emanación de malos olores principalmente.
Ante esto, en febrero de 2023, fiscalizadores de la SMA realizaron una actividad de inspección ambiental a la unidad fiscalizable, y en mayo de este año se le requirió a la empresa una serie de antecedentes, con el fin de aclarar distintas materias relacionadas con la operación.
En base a todos estos antecedentes, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló dos cargos contra la empresa. Cada infracción fue clasificada como grave.
