Los parlamentarios Marcia Raphael, Mauro González y Carla Morales enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric advirtiendo un grave deterioro en la seguridad pública y anunciaron que solicitarán una sesión especial en la Comisión de Seguridad.
La crisis de seguridad volvió a escalar en la agenda política tras las últimas cifras publicadas por El Mercurio, que revelan un aumento del 36% en los asesinatos al interior de cárceles durante 2024 —con un alza de 150% en los recintos penales de la capital— y un registro de 26 homicidios vinculados al crimen organizado solo en agosto, lo que representa un incremento del 53% respecto al año anterior.
Frente a este escenario, los diputados de Renovación Nacional (RN) Marcia Raphael, Mauro González y Carla Morales enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando un “golpe de timón” en los últimos meses de su administración, con medidas concretas para revertir lo que califican como una crisis sin precedentes.
La parlamentaria Marcia Raphael subrayó que las cifras son una señal de alarma que no se puede ignorar. “El Gobierno se ha quedado sólo en declaraciones y diagnósticos sin acciones concretas, mientras tanto las cárceles están en condiciones precarias y la delincuencia avanza en las calles. No podemos aceptar que el Estado pierda autoridad frente al crimen organizado. Necesitamos decisiones firmes y recursos efectivos, no más excusas”, sostuvo.
En tanto, el congresista Mauro González anunció que pedirá una sesión especial en la Comisión de Seguridad para que el Ejecutivo dé explicaciones. “Se nos dijo que las cárceles estaban controladas y que la violencia iba en descenso. Hoy vemos que eso no era cierto: se arrancan presos, aumentan los asesinatos y las familias viven con miedo. El Presidente debe responder y definir un plan de acción inmediato, porque Chile no puede esperar”, afirmó.
Por su parte, la diputada Carla Morales enfatizó la necesidad de articular una estrategia nacional. “La seguridad no se resuelve con parches ni con anuncios en los medios. Lo que pedimos es una mesa de trabajo seria, con todos los actores involucrados, que trace un camino claro contra el crimen organizado. El país necesita certezas, no improvisaciones”, señaló.
Los parlamentarios recalcaron que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho de los chilenos a vivir seguros y advirtieron que seguirán fiscalizando cada medida en esta materia. “La ciudadanía está cansada de diagnósticos; lo que exige son soluciones reales frente al narcotráfico, la violencia y la inseguridad”, cerraron.
