El representante de O’Higgins aseguró que la prolongación del plazo ayudará, por ejemplo, a las familias afectadas por incendios o inundaciones que han autoconstruido sus viviendas.
El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), respaldó durante esta jornada el proyecto de ley que extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de la denominada “Ley del Mono”, como una manera de apoyar a las personas que no tienen regularizadas sus viviendas.
Al respecto, el parlamentario explicó que la actual normativa permite a los propietarios acogerse a un procedimiento simplificado para regularizar sus viviendas y/o edificaciones que no cuenten con los permisos respectivos o la recepción definitiva, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos definidos en la ley, como por ejemplo que la superficie edificada no supere los 90 metros cuadrados.
En ese sentido, si bien la denominada “Ley del Mono” se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, el representante del Distrito 16 advirtió que tanto los efectos del estallido social como los de la pandemia, sumado a la actual crisis económica y laboral que vive el país, ameritaban extender el período para que las personas pudieran acogerse al beneficio, ampliándose así por dos años más.
“La extensión del plazo para regularizar las viviendas autoconstruidas en nuestro país era una medida absolutamente necesaria. Muchas veces las personas no solicitan los respectivos permisos no por querer incumplir con la ley ni tampoco por temas económicos, sino que simplemente por desconocimiento, arriesgándose con ello a ser sancionados y multados. Por lo mismo, sabiendo que el plazo vence a fines de este año, era realmente importante que pudiéramos extender a tiempo el plazo, para no estar así legislando a última hora sobre esta materia”, manifestó el parlamentario.
En cuanto a los detalles de la normativa, el diputado Eduardo Cornejo precisó que en el caso de las propiedades financiadas por el Ministerio de Vivienda mediante subsidios habitacionales podrán alcanzar hasta los 140 metros cuadrados, siempre que el avalúo fiscal no supere las 2.000 UF.
Pero, además, el representante de O’Higgins valoró que la extensión incluya también la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o a equipamiento social, como las sedes vecinales, deportivas o culturales, para las cuales se permitirá una superficie edificada incluso mayor.
“Esta es una medida que, por ejemplo, ayudará de sobremanera a todas las familias afectadas por los últimos incendios forestales o las inundaciones en nuestra región, que ante la ausencia de una solución por parte del Estado se vieron en la obligación de levantar con sus propias manos sus viviendas. Y es muy importante que puedan acceder a este programa, porque no sólo se trata de actualizar los catastros, sino que al estar regularizada una propiedad sus dueños pueden acceder a distintos beneficios estatales, como subsidios para ampliar una vivienda o de mejoramiento térmico”, destacó el parlamentario, quien llamó al Senado a despachar lo antes posible la iniciativa.
